Un vecino que alquila su piso como apartamento turístico sin autorización de la comunidad, un local que hace música hasta la madrugada, obras no permitidas en un elemento común, un perro que ladra a todas horas o una actividad comercial encubierta en una vivienda destinada a uso residencial. Son conflictos habituales en cualquier comunidad de propietarios y, cuando el diálogo y los avisos del presidente no funcionan, la vía judicial exige algo muy concreto: pruebas sólidas y bien documentadas.

En este artículo explicamos qué hace exactamente un detective privado en este tipo de conflictos, qué papel juega la Ley de Propiedad Horizontal —incluida la reforma que entró en vigor en abril de 2025 y que cambió el régimen de los pisos turísticos— y cómo se construye una prueba válida para sostener una acción de cesación ante los tribunales.

¿Por qué una comunidad de propietarios contrata a un detective privado?

Cuando un propietario o inquilino desarrolla una actividad que perjudica al resto de la comunidad, el primer paso siempre debe ser el requerimiento del presidente para que cese la conducta. Pero si el infractor persiste, la comunidad necesita algo más que quejas verbales o un grupo de vecinos molestos: necesita hechos objetivos, fechados y verificables que un juez pueda valorar.

Los casos más frecuentes en los que se recurre a un detective privado en el ámbito de la propiedad horizontal son:

• Ruidos y molestias reiteradas: música alta, golpes, gritos, maquinaria, animales que ladran de forma continuada o cualquier actividad que supere los niveles de tolerancia razonable en la convivencia vecinal.
• Actividades no autorizadas en la vivienda o el local: uso turístico sin la autorización que hoy exige la ley, ejercicio de una actividad profesional o comercial en un piso de uso exclusivamente residencial, subarriendos irregulares o cambios de uso sin autorización.
• Obras no autorizadas en elementos comunes o que afectan a la estructura o la fachada del edificio.
• Actividades insalubres, nocivas o peligrosas, como el almacenamiento de sustancias, malos olores o condiciones de salubridad que afectan al resto del inmueble.
• Incumplimiento de estatutos y normas de régimen interior: por ejemplo, el uso indebido de zonas comunes, piscina o garaje.
• Verificación del uso real de una vivienda, en litigios sobre residencia habitual, empadronamientos fraudulentos, disputas entre comuneros o supuestos de ocupación ilegal de viviendas.

En todos estos supuestos, el informe de un detective habilitado aporta a la comunidad un elemento probatorio objetivo, elaborado por un profesional independiente, que refuerza notablemente su posición frente a una eventual demanda.

Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal: el artículo 7.2

El precepto central en estos conflictos es el artículo 7.2 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal. Este artículo establece que ni el propietario ni el ocupante de un piso o local pueden desarrollar en él, ni en el resto del inmueble, actividades prohibidas por los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

Los tres pasos que exige la ley

La ley no permite ir directamente al juzgado. Marca un recorrido con tres escalones que hay que cumplir en orden, y saltarse cualquiera de ellos compromete el resultado del procedimiento:

1. Requerimiento previo. El presidente de la comunidad, a iniciativa propia o de cualquier propietario u ocupante, debe requerir por escrito al infractor para que cese de inmediato en la actividad, advirtiéndole de que se iniciarán acciones judiciales si no lo hace.
2. Autorización de la Junta de Propietarios. Si el infractor persiste, hay que convocar una Junta —ordinaria o extraordinaria— que incluya expresamente en el orden del día la autorización para ejercitar la acción judicial. No basta con que la Junta debatiera en su día sobre actividades prohibidas: la autorización tiene que ser específica e inequívoca. Sin ese acuerdo, la demanda corre el riesgo de no ser admitida o de decaer por defecto de forma.
3. Interposición de la acción de cesación. Una vez autorizada, la comunidad, representada por su presidente, puede demandar acumulando distintas pretensiones: el cese de la actividad, la indemnización de los daños y perjuicios causados y, en los casos más graves, la privación del derecho al uso de la vivienda o local durante un periodo de hasta tres años.

Cuando la comunidad no actúa: el propietario individual

Puede ocurrir que la comunidad no reaccione pese a la insistencia de un vecino afectado. Los tribunales han admitido que, en determinados supuestos, un propietario individual ejercite por sí mismo una acción en defensa de su propio derecho ante la inactividad de la comunidad. Aun así, la vía comunitaria a través del presidente sigue siendo la más habitual y la más eficaz, entre otras cosas porque el respaldo del acuerdo de la Junta refuerza la posición procesal.

La reforma de 2025: los pisos turísticos necesitan autorización expresa

Este es el cambio más relevante de los últimos años en materia de propiedad horizontal y conviene tenerlo presente, porque modifica el punto de partida de muchos conflictos vecinales.

La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, en vigor desde el 3 de abril de 2025, añadió un nuevo apartado 3 al artículo 7 LPH. Desde entonces, el propietario que quiera destinar su vivienda a actividad turística necesita la aprobación expresa de la comunidad de propietarios. Y si ejerce esa actividad sin haberla obtenido, se le aplica el mismo régimen de cesación previsto en el apartado anterior: requerimiento del presidente, autorización de la Junta y acción judicial.

El acuerdo de la comunidad se regula en el artículo 17.12 LPH, que exige el voto favorable de tres quintas partes de los propietarios que representen, a su vez, tres quintas partes de las cuotas de participación. Esa misma mayoría se aplica tanto si la comunidad quiere aprobar la actividad como si quiere limitarla, condicionarla o prohibirla, y también para establecer cuotas especiales de gastos para estas viviendas, con un incremento máximo del 20 % y sin efecto retroactivo.

El cambio de enfoque es importante en la práctica: la discusión ya no gira únicamente en torno a lo que digan o dejen de decir los estatutos, sino en torno a si existe o no una autorización expresa de la comunidad adoptada con esa mayoría.

Y ese giro tiene una consecuencia probatoria directa. Para sostener la acción, la comunidad debe acreditar que la actividad turística se está desarrollando efectivamente, no que se ha anunciado. Rotación continua de ocupantes, entradas y salidas con equipaje en horarios propios del alojamiento turístico, entregas de llaves o cajas de seguridad en el portal, uso intensivo de zonas comunes por personas ajenas al edificio: son hechos que ocurren en el acceso y en las zonas comunes, y que requieren una observación sistemática y fechada. Es exactamente el tipo de material que documenta un informe de detective y que una queja vecinal no puede sustituir.

Qué pruebas se necesitan para ganar una acción de cesación

La acción de cesación exige acreditar de forma fehaciente que la actividad molesta, dañosa o prohibida se ha producido de manera reiterada y con entidad suficiente para perjudicar a la comunidad. Ese matiz de la reiteración es el que decide la mayoría de los procedimientos: un episodio aislado, por muy documentado que esté, rara vez sostiene una demanda.

Los tribunales valoran un conjunto combinado de pruebas, y cada una tiene su alcance y su punto débil:

Por qué el informe de detective refuerza el conjunto

El informe de detective resulta especialmente valioso porque, a diferencia de la queja de un vecino molesto, aporta objetividad, continuidad temporal y una metodología profesional que refuerza la credibilidad de todo el conjunto probatorio ante el juzgado. No sustituye a las demás pruebas: las complementa y les da consistencia, sobre todo cuando la actividad denunciada es intermitente o difícil de captar por los propios vecinos.

Su mayor virtud es precisamente la que le falta al resto de medios: documenta la reiteración. Un atestado acredita una noche; una vigilancia planificada durante varias semanas acredita un patrón.

Requisitos legales que debe cumplir la investigación

Igual que ocurre en otros ámbitos, la actividad del detective privado en comunidades de propietarios está sujeta a la Ley 5/2014, de Seguridad Privada, que exige:

• Habilitación profesional vigente del detective, con su correspondiente Tarjeta de Identidad Profesional (TIP), sin la cual el informe puede ser rechazado como prueba.
• Interés legítimo previo, acreditado por el encargo de la comunidad de propietarios o de un propietario afectado.
• Proporcionalidad y objetividad, evitando una vigilancia más intensa o prolongada de lo estrictamente necesario para acreditar los hechos.
• Informe firmado y ratificable, que identifique al detective, describa con precisión los hechos observados y pueda ser ratificado en juicio si el infractor se opone a la demanda.

Dónde termina la zona común: el límite del lugar reservado

Este es el punto que más conviene tener claro antes de encargar nada, porque es donde se decide la validez de la prueba. La Ley de Seguridad Privada prohíbe investigar la vida íntima de las personas que transcurra en sus domicilios u otros lugares reservados, y la delimitación de qué es un «lugar reservado» no siempre es intuitiva.

El detective puede documentar hechos que se produzcan en el portal, el rellano, los accesos, el garaje, la piscina o cualquier zona común del edificio, así como desde la vía pública. No puede introducirse ni grabar en el interior de una vivienda privada, y tampoco en espacios que, aun estando fuera de la vivienda, tienen acceso restringido y una expectativa razonable de privacidad: un patio interior de uso privativo no es una zona común, por mucho que se vea desde algún punto del edificio.

Un informe que se apoye en material obtenido fuera de esos límites no solo es inútil, sino que puede volverse en contra de la comunidad que lo encargó. Tratamos con más detalle esta frontera en qué puede investigar un detective privado y qué no en España.

Cómo se desarrolla habitualmente la investigación

Cada comunidad y cada conflicto son distintos, pero el encargo suele seguir un recorrido bastante estable, pensado para que el material obtenido encaje después en el procedimiento judicial:

1. Entrevista con el presidente o el administrador de fincas. Se recogen los antecedentes: quejas previas, actas, requerimientos ya realizados y la naturaleza concreta de la actividad denunciada.
2. Diseño del plan de vigilancia. Se determinan los días, horarios y duración más adecuados según el tipo de molestia: no es lo mismo documentar ruidos nocturnos que una actividad turística que se manifiesta en las entradas y salidas de fin de semana.
3. Recogida de material probatorio. Observación directa, anotaciones cronológicas, fotografías y, cuando procede, grabaciones desde zonas comunes o espacios de acceso público como el portal, el rellano o la calle.
4. Elaboración del informe, estructurado, fechado y firmado por el detective habilitado, listo para acompañar al acta de la Junta y al resto de pruebas.
5. Coordinación con el abogado de la comunidad, que valorará junto con el administrador de fincas la estrategia procesal: acción de cesación, indemnización de daños o, en los casos más graves, privación del uso.
6. Ratificación en el juicio, si el propietario o inquilino investigado decide oponerse a la demanda.

Conclusión

Los conflictos de convivencia en una comunidad de propietarios —ruidos, actividades no autorizadas, usos indebidos de la vivienda o incumplimientos de los estatutos— se resuelven por la vía del diálogo en muchos casos. Cuando eso no basta, la ley pone a disposición de la comunidad la acción de cesación del artículo 7.2 LPH, ampliada desde 2025 a los pisos turísticos que operan sin autorización expresa.

Ganar ese procedimiento depende en gran medida de la calidad de las pruebas. Y la prueba que más suele faltar es precisamente la que acredita la reiteración: no que un día hubo ruido, sino que lo hay de forma sistemática. Ahí es donde un informe de detective habilitado aporta lo que actas, atestados y testificales no pueden dar por sí solos.

Si tu comunidad se enfrenta a una situación de este tipo, lo recomendable es actuar cuanto antes: documentar los hechos desde el primer requerimiento, contar con el asesoramiento del administrador de fincas y del abogado, y valorar el encargo de una investigación profesional que convierta las sospechas y las quejas vecinales en pruebas realmente válidas.

Preguntas frecuentes

¿Puede una comunidad de propietarios contratar a un detective privado para investigar a un vecino?
Sí. Siempre que exista un interés legítimo —normalmente acreditado por quejas previas y el requerimiento del presidente—, la comunidad puede encargar a un detective habilitado la documentación de actividades molestas, insalubres o no autorizadas, conforme a la Ley 5/2014 de Seguridad Privada.

¿Qué artículo regula las actividades molestas en una comunidad de propietarios?
El artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal regula la acción de cesación contra actividades prohibidas por los estatutos, dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

¿Qué pasa si un vecino alquila su piso a turistas sin permiso de la comunidad?
Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, el 3 de abril de 2025, el artículo 7.3 LPH exige la aprobación expresa de la comunidad para ejercer la actividad turística en una vivienda. Si se ejerce sin ella, se aplica el mismo régimen de cesación del artículo 7.2: requerimiento del presidente, autorización de la Junta y acción judicial. El acuerdo de la comunidad requiere tres quintas partes de propietarios y de cuotas, conforme al artículo 17.12 LPH.

¿Puede el detective grabar dentro de la vivienda del vecino investigado?
No. El interior de una vivienda privada queda protegido por el derecho a la intimidad y fuera del alcance de la investigación. El detective puede documentar hechos en zonas comunes, accesos o espacios de acceso público, pero no en el interior del domicilio ni en otros lugares reservados sin consentimiento.

¿Qué pasa si la comunidad no cuenta con la autorización de la Junta de Propietarios antes de demandar?
El requerimiento previo y la autorización de la Junta son requisitos exigidos por el artículo 7.2 LPH. Sin ellos, la demanda puede no ser admitida a trámite o quedar abocada al fracaso, por muy sólidas que sean las pruebas.

¿Qué documentación conviene reunir antes de encargar la investigación?
Las actas de las Juntas en las que se recogieron las quejas, copia del requerimiento escrito al infractor y su acuse de recibo, cualquier parte o atestado policial previo y un relato lo más concreto posible de horarios y frecuencia de la actividad. Cuanto mejor acotado esté el problema, más corta y más eficaz será la vigilancia.

¿Qué consecuencias puede tener perder una acción de cesación en un juicio?
Además de la desestimación de la demanda, la comunidad puede ser condenada en costas, por lo que resulta esencial preparar el caso con pruebas sólidas: actas, atestados policiales, informes periciales y, cuando sea pertinente, un informe de detective privado.

Contratar a un detective privado para acreditar una baja fraudulenta, una competencia desleal o un incumplimiento contractual tiene un coste. Y es una pregunta que muchas empresas y particulares se hacen antes de encargar una investigación: si gano el juicio, ¿puedo recuperar lo que he pagado al detective?

La respuesta es que en determinadas condiciones sí, pero no de forma automática. Depende del orden jurisdiccional en el que se litigue, de cómo se haya aportado el informe al procedimiento y de que el gasto esté correctamente documentado. En este artículo repasamos qué dice la ley sobre la condena en costas, cómo se ha pronunciado la jurisprudencia sobre la inclusión de la factura del detective en la tasación de costas, qué alternativa existe cuando esa vía no está disponible y en qué supuestos una investigación mal planteada puede acabar costándole dinero a quien la encarga.

El principio general: quien pierde el juicio paga las costas

El punto de partida es el llamado principio del vencimiento objetivo, recogido en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Según esta norma, en los procesos declarativos las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

La jurisprudencia ha venido atribuyendo a la condena en costas una naturaleza resarcitoria y no punitiva: no busca sancionar a quien pierde, sino compensar a la parte vencedora por los gastos que el proceso le ha obligado a soportar. Este planteamiento se traslada, con particularidades relevantes que veremos más adelante, al orden social, al contencioso-administrativo y al penal.

En la práctica, esto significa que, si una empresa o un particular gana un pleito civil o mercantil, puede solicitar que la parte condenada le reembolse los gastos necesarios del procedimiento, mediante el trámite conocido como tasación de costas.

Qué es la tasación de costas y qué gastos incluye

La tasación de costas es el procedimiento, regulado en los artículos 241 y siguientes de la LEC, mediante el cual el Letrado de la Administración de Justicia cuantifica los gastos que la parte vencedora tiene derecho a recuperar de la parte condenada. El artículo 241.1 LEC enumera los siguientes conceptos:

1. Honorarios de la defensa y de la representación técnica cuando sean preceptivas.
2. Inserción de anuncios o edictos que deban publicarse obligatoriamente en el curso del proceso.
3. Depósitos necesarios para la presentación de recursos.
4. Derechos de peritos y demás abonos que hayan de realizarse a personas que hayan intervenido en el proceso.
5. Copias, certificaciones, notas, testimonios y documentos análogos que hayan de solicitarse conforme a la ley.
6. Derechos arancelarios que deban abonarse como consecuencia de la realización de actos procesales necesarios.
7. La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, cuando resulte exigible.

Conviene una precisión sobre este último punto: las tasas judiciales fueron suprimidas para las personas físicas y su exigencia a determinados sujetos ha sido objeto de pronunciamientos posteriores del Tribunal Constitucional, de modo que en la mayoría de los procedimientos actuales este concepto no llega a devengarse.

Es precisamente el apartado 4.º —el que se refiere a los abonos realizados a personas que hayan intervenido en el proceso— el que abre la puerta a que el coste de una investigación privada pueda formar parte de la tasación de costas.

¿Se puede incluir la factura del detective privado en la tasación de costas?

Es una de las cuestiones más debatidas en la práctica de los tribunales y la respuesta no ha sido uniforme. Conviene distinguir el fundamento jurídico del debate real que existe entre distintas Audiencias Provinciales.

El encaje legal: el artículo 241.1.4.º LEC

El argumento a favor de la inclusión parte de la redacción del artículo 241.1.4.º LEC. El precepto no se refiere únicamente a los peritos en sentido estricto: menciona los «derechos de peritos y demás abonos que hayan de realizarse a personas que hayan intervenido en el proceso».

Esa fórmula abierta —«demás abonos» y «personas que hayan intervenido en el proceso»— es la que permite sostener que el pago realizado a un despacho de detectives puede computarse como costa procesal, con independencia de que el informe de investigación tenga la consideración de prueba documental y no pericial. Lo determinante, según esta interpretación, no es la naturaleza formal del medio de prueba, sino que la actuación profesional haya resultado necesaria para acreditar los hechos controvertidos y que esa persona haya intervenido efectivamente en el procedimiento.

Ese último matiz explica por qué la ratificación del informe en juicio resulta tan relevante: es el momento en el que el detective deja de ser un profesional contratado en fase prejudicial y pasa a intervenir formalmente en el proceso.

El debate entre Audiencias Provinciales

Frente a esa lectura, la interpretación restrictiva sostiene que la actividad del detective se desarrolla en una fase previa al procedimiento y que, por tanto, no encaja en el concepto de «intervención en el proceso» que exige la norma. Quien impugna la inclusión de estas facturas suele apoyarse en dos argumentos: que el informe del detective es prueba documental y no pericial, y que la investigación se contrató antes de que el pleito existiera.

Este debate refleja una discrepancia real entre distintas Audiencias Provinciales. Mientras algunas resoluciones han admitido la inclusión de la factura del detective dentro de la tasación de costas cuando su informe fue decisivo y se ratificó en juicio, otras han mantenido el criterio contrario. No existe, a día de hoy, una doctrina uniforme, por lo que el resultado depende en buena medida del órgano que conozca del asunto y, sobre todo, de cómo se haya planteado la prueba.

Los criterios que decantan la balanza

De la práctica de los tribunales se extraen algunos criterios que suelen valorarse a la hora de admitir estos gastos:

• Que el informe se haya aportado como prueba documental en el procedimiento y, con frecuencia, que el detective haya comparecido para ratificarlo y someterse al interrogatorio de la parte contraria.
• Que exista una factura o justificante de pago detallado, ya que sin este documento el gasto no puede incluirse en la tasación, por muy necesario que haya resultado.
• Que el gasto guarde relación directa y necesaria con el procedimiento, y no se trate de una actuación superflua, inútil o ajena al objeto del pleito.
• Que el importe resulte proporcionado a la complejidad del caso y a la relevancia de la prueba obtenida, ya que las minutas y facturas de cualquier profesional pueden ser reducidas si se consideran excesivas en relación con el trabajo realizado.

Las costas en el orden social: por qué en un despido la vía suele ser otra

Este es el punto que con más frecuencia se pasa por alto, y es determinante porque una parte muy relevante de las investigaciones encargadas por empresas termina en el juzgado de lo social.

En la instancia del orden social no rige el principio del vencimiento objetivo. A diferencia de lo que ocurre en el proceso civil, el trabajador que pierde una demanda por despido no resulta condenado en costas por el mero hecho de perder. La Ley Reguladora de la Jurisdicción Social reserva la imposición de costas en instancia a supuestos tasados, vinculados a la apreciación de temeridad o mala fe, y no como consecuencia ordinaria del resultado del pleito.

La regla cambia en vía de recurso: el artículo 235 de la LRJS sí prevé la imposición de costas a la parte vencida en suplicación y en casación, con las excepciones previstas para quienes gocen del beneficio de justicia gratuita.

La consecuencia práctica es clara: si el pleito es un despido y se resuelve en instancia, la vía de la tasación de costas normalmente no estará disponible. Y es precisamente ahí donde cobra sentido la segunda vía.

La segunda vía: la indemnización por daños y perjuicios

Más allá de la tasación de costas, existe otro camino por el que los tribunales han reconocido el derecho a recuperar el coste de una investigación privada: la indemnización de daños y perjuicios derivada del propio incumplimiento que motivó el pleito.

El planteamiento es distinto. Aquí el coste del detective no se reclama como un gasto procesal, sino como un perjuicio económico causado directamente por la conducta de la otra parte: si el trabajador no hubiera actuado de forma desleal, la empresa no habría tenido que gastar dinero en descubrirlo. Por eso se pide en la demanda o en la reconvención y lo resuelve el juez en sentencia, no el Letrado de la Administración de Justicia en una tasación posterior.

Un caso real: el vigilante de seguridad que ejercía de DJ

Un ejemplo ilustrativo en el ámbito laboral es el de un vigilante de seguridad con casi diez años de antigüedad que se encontraba en situación de baja médica. Un servicio de investigación privada acreditó que, durante ese periodo, realizaba actuaciones como disc jockey en distintos eventos.

Además de declarar procedente el despido, el tribunal condenó al trabajador a indemnizar a la empresa por los gastos derivados de su conducta: burofax, notario, honorarios de letrado y también el coste de la investigación privada, que ascendió a 653,10 euros. El razonamiento es el que interesa aquí: esos desembolsos no se calificaron como gastos procesales, sino como perjuicios derivados directamente de la conducta desleal del trabajador.

En el ámbito civil, distintos tribunales han admitido igualmente la reclamación del coste de la investigación privada como partida indemnizatoria cuando ha quedado acreditado que el gasto fue consecuencia directa del hecho lesivo objeto del litigio, por ejemplo en casos de competencia desleal o incumplimiento contractual.

Ambas vías no son excluyentes: pueden plantearse de forma complementaria según las circunstancias del caso.

Cuándo la investigación se vuelve en contra: los límites del artículo 48 LSP

Recuperar el coste del detective es una posibilidad real, pero conviene no perder de vista la otra cara del asunto: una investigación mal delimitada no solo no se recupera, sino que puede generar una condena para quien la encargó.

El artículo 48 de la Ley 5/2014, de Seguridad Privada, prohíbe expresamente investigar la vida íntima de las personas que transcurra en sus domicilios u otros lugares reservados. La delimitación de qué debe entenderse por «lugar reservado» es, en la práctica, la frontera que decide la validez de la prueba.

Un pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de noviembre de 2024 lo ilustra con claridad. Una empresa sancionó a un trabajador en situación de incapacidad temporal basándose en el informe de un detective que lo había seguido en un club de golf privado y en una segunda residencia. El tribunal anuló la sanción y confirmó una condena a la empresa de 15.000 euros en concepto de daños y perjuicios, al considerar el club de golf un espacio de acceso restringido y, por tanto, un lugar reservado a efectos de la norma.

La lectura práctica es que el alcance de la vigilancia debe definirse con criterio desde el primer momento. Si quieres profundizar en dónde están esos límites, lo tratamos en detalle en qué puede investigar un detective privado y qué no en España.

Requisitos prácticos para reclamar el coste del detective

Para maximizar las opciones de recuperar el importe abonado al despacho de detectives, conviene tener en cuenta lo siguiente:

• Conservar la factura detallada de los servicios de investigación, con desglose de conceptos. Sin este justificante el gasto no podrá incluirse en la tasación de costas ni reclamarse como indemnización. Es un motivo más para entender cómo se factura una investigación privada antes de encargarla.
• Aportar el informe como prueba documental, preferiblemente desde la demanda o la contestación, y no de forma tardía y sin justificación.
• Prever la ratificación del detective en el juicio. Su comparecencia refuerza el valor probatorio del informe y, además, es el elemento que vincula el gasto con el proceso.
• Verificar la habilitación del profesional. El informe debe estar firmado por un detective habilitado e identificado con su Tarjeta de Identidad Profesional (TIP); sin ella, la prueba es atacable desde el primer momento.
• Explicar la necesidad del gasto en los escritos procesales, dejando constancia de por qué la investigación resultó imprescindible para acreditar los hechos.
• Decidir la vía con el abogado: tasación de costas, indemnización por daños y perjuicios, o ambas de forma complementaria. En un procedimiento por baja laboral fingida la elección no es indiferente.

Conclusión

El coste de una investigación privada puede recuperarse, total o parcialmente, por dos caminos distintos: la tasación de costas, cuando el procedimiento admite condena y el informe se aportó y ratificó en el proceso, o la indemnización de daños y perjuicios, cuando el gasto se acredita como consecuencia directa de la conducta de la otra parte. No existe una doctrina absolutamente uniforme sobre la primera vía, y en el orden social la segunda suele ser la única disponible en instancia.

Lo que sí resulta constante es que la recuperación del gasto depende de decisiones que se toman antes de encargar la investigación, no después de ganar el pleito: delimitar correctamente el alcance de la vigilancia, contratar a un profesional habilitado, documentar la factura y planificar con el abogado cómo y cuándo se aportará el informe.

Si necesitas encargar una investigación cuyo resultado deba sostenerse en un procedimiento judicial, en Culmas Detectives trabajamos habitualmente con despachos de abogados para diseñar el operativo desde el primer momento con las garantías que exige la vía procesal elegida.

Preguntas frecuentes

¿Se puede recuperar el dinero pagado a un detective privado si se gana el juicio?
En determinados casos sí, bien a través de la tasación de costas cuando el informe se aportó y ratificó en el proceso, bien mediante una indemnización de daños y perjuicios cuando el gasto de investigación se considera consecuencia directa del incumplimiento de la otra parte. No es automático y depende del orden jurisdiccional.

¿Qué artículo regula la condena en costas en un juicio civil?
El artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece el principio del vencimiento objetivo: la parte que ve rechazadas todas sus pretensiones es, por regla general, condenada al pago de las costas del procedimiento.

¿Se pueden reclamar las costas en un juicio por despido?
En la instancia del orden social no rige el vencimiento objetivo, por lo que la imposición de costas queda reservada a supuestos tasados vinculados a temeridad o mala fe. En suplicación y casación sí se prevé la condena a la parte vencida en el recurso. Por eso, en materia de despido, el coste del detective suele reclamarse como indemnización de daños y perjuicios.

¿Qué requisitos debe cumplir la factura del detective para poder reclamarla?
Debe ser una factura o cuenta detallada de los servicios prestados. Sin este justificante no puede incluirse en la tasación de costas ni reclamarse posteriormente, con independencia de que el gasto se haya producido realmente.

¿Qué pasa si la otra parte impugna la inclusión de la factura del detective en las costas?
La impugnación puede fundarse en que el gasto no se produjo realmente o en que resulta excesivo. Los tribunales analizan entonces si el importe es proporcionado a la complejidad del caso y a la relevancia del informe, sin entrar a valorar de nuevo si la actuación profesional fue técnicamente acertada.

¿Es lo mismo reclamar el coste del detective como costas que como indemnización?
No. La tasación de costas se tramita dentro del propio procedimiento tras la sentencia firme y la resuelve el Letrado de la Administración de Justicia. La indemnización de daños y perjuicios se pide en la demanda o en la reconvención, la resuelve el juez en sentencia y exige acreditar que el gasto fue consecuencia directa de la conducta de la otra parte.

¿Se incluye el IVA de la factura del detective en la tasación de costas?
El tratamiento del IVA en las costas depende de si la parte que soportó el gasto puede deducírselo. Cuando el beneficiario de la condena tiene derecho a la deducción, el impuesto no constituye un perjuicio real y suele excluirse de la tasación. Es una cuestión que conviene revisar con el abogado y la asesoría al preparar la reclamación.

¿Hay plazo para reclamar las costas o para impugnar la tasación?
Sí. Tanto la impugnación de la tasación de costas como la reclamación del importe una vez aprobado están sujetas a plazos procesales. Conviene no dejar pasar el momento procesal oportuno, ya que el derecho a percibir las costas puede verse afectado por el transcurso del tiempo.