Encargar una investigación privada es solo la mitad del camino. La otra mitad, tan importante como la primera, es entender qué valor tendrá realmente ese informe si el caso termina en los tribunales. ¿Es una prueba documental como cualquier otra? ¿Necesita el detective declarar en el juicio? ¿Puede la parte contraria tumbarlo simplemente porque lo ha pagado una de las partes?

Esa última pregunta tiene una respuesta que sorprende a mucha gente, y está escrita en la propia Ley de Enjuiciamiento Civil. En este artículo explicamos cómo se valora el informe de un detective privado, qué régimen especial le reserva la ley y por qué la ratificación judicial es la fase que decide si una buena investigación se convierte o no en una prueba eficaz.

Qué naturaleza tiene el informe de un detective privado

La primera cuestión que conviene aclarar es que el informe de un detective privado no es un dictamen pericial al uso, ni tampoco un simple documento privado. Es una figura probatoria específica, reconocida expresamente por la ley: documental en cuanto a su soporte, testifical en cuanto a su valor y tratamiento procesal.

Así se desprende del artículo 265.1.5.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que incluye entre los documentos que deben acompañar a la demanda o a la contestación «los informes, elaborados por profesionales de la investigación privada legalmente habilitados, sobre hechos relevantes en que aquéllas apoyen sus pretensiones». Y añade una precisión esencial: sobre esos hechos, si no fueren reconocidos como ciertos, se practicará prueba testifical.

Es decir: el informe entra en el proceso como documento, pero su fuerza probatoria plena depende de que el detective declare y se someta a contradicción, igual que cualquier testigo. Esa doble naturaleza es lo que lo distingue del dictamen pericial y de los documentos privados ordinarios.

El régimen especial del artículo 380 LEC

Aquí está la parte que más conviene conocer, porque desmonta la objeción más habitual de la parte contraria. El artículo 380 LEC, que regula el interrogatorio sobre los hechos que constan en informes escritos, establece tres reglas especiales cuando se interroga a su autor:

Estas tres reglas son la razón por la que se habla del detective habilitado como un testigo cualificado: a diferencia de un testigo ocasional, no declara de memoria ni sobre impresiones generales, sino sobre un relato que él mismo documentó de forma cronológica, con apoyo gráfico, en el momento en que los hechos se produjeron. Y lo hace con un régimen procesal que la ley diseñó específicamente para él.

El tribunal valora esta prueba conforme a las reglas de la sana crítica: la lógica interna del relato, su coherencia con el resto del material y la objetividad con la que se elaboró.

La ratificación judicial: por qué es una fase decisiva

Cuando la parte contraria no reconoce como ciertos los hechos reflejados en el informe, su autor debe comparecer en el juicio para ratificarlo y someterse al interrogatorio cruzado. No es un trámite: es el momento en que una prueba preconstituida antes del juicio se somete al principio de contradicción.

Conviene distinguir dos escenarios:

• Si la otra parte reconoce los hechos del informe, o no los impugna expresamente, la ratificación puede no ser necesaria y el informe se valora directamente.
• Si los impugna, el detective comparece para explicar cómo se desarrolló la investigación, qué medios empleó y responder a las preguntas de ambas partes.

Más allá de la obligación formal, la ratificación tiene un valor estratégico que conviene no subestimar. Un detective que explica con seguridad y coherencia qué hizo y por qué sus observaciones son objetivas refuerza notablemente la credibilidad del informe escrito. Una ratificación confusa o contradictoria puede debilitar una prueba que sobre el papel era sólida. Por eso la coordinación previa entre el detective y el abogado —repasando el informe y anticipando las líneas de interrogatorio— es tan importante antes de la vista.

Quién debe ratificar el informe

No siempre quien firma el informe es la persona adecuada para ratificarlo. Si el detective que comparece no realizó personalmente el seguimiento y carece de conocimiento directo de los hechos documentados, su declaración se convierte en un testimonio de referencia, con los problemas de admisibilidad que eso conlleva conforme al artículo 283 LEC, relativo a la impertinencia o inutilidad de la prueba.

Lo recomendable es que ratifique el informe el propio detective que llevó a cabo la investigación o, en su defecto, un profesional del mismo despacho que haya participado directamente en ella. Es un detalle menor sobre el papel y una de las vías de impugnación más frecuentes en la práctica.

¿Cuándo el informe del detective no es válido?

La ley y la jurisprudencia han fijado los supuestos en los que un informe, por bien elaborado que esté, no despliega valor probatorio:

• Falta de habilitación profesional. Sin Tarjeta de Identidad Profesional (TIP) vigente conforme a la Ley 5/2014, quien firma el informe no es un detective privado, sino alguien haciéndose pasar por tal. Es la figura del falso detective, y el informe decae con independencia de su contenido.
• Vulneración de derechos fundamentales. El artículo 287 LEC regula la inadmisibilidad de la prueba obtenida vulnerando derechos y libertades fundamentales: interceptación de comunicaciones ajenas, invasión de espacios reservados como el domicilio, o engaño y provocación de la conducta investigada.
• Prueba irregular. Distinta de la ilícita: es la obtenida o practicada infringiendo el procedimiento probatorio sin afectar directamente a un derecho fundamental. Sus consecuencias son otras —subsanación, o pérdida de eficacia de aspectos concretos del informe—, pero también restan.

Cuando la prueba se obtiene vulnerando un derecho fundamental entra en juego la doctrina del fruto del árbol envenenado: no decae solo la prueba obtenida ilícitamente, sino también cualquier otra que derive de ella. Es la razón por la que un atajo al principio de la investigación puede arrastrar todo el caso.

El plazo del orden social: el artículo 82.5 LRJS

Hay una regla reciente que conviene incorporar a la planificación de cualquier investigación destinada a un juicio de despido, porque no afecta al contenido del informe sino a su admisión.

El artículo 82.5 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige el traslado entre las partes o la aportación anticipada de la prueba documental y pericial con antelación al acto de juicio, y en formato electrónico salvo que la parte no esté obligada a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia. Pasado el plazo, solo se admite lo que no pudo confeccionarse antes, lo que se desconocía o aquello cuya obtención resultó imposible por causas no imputables a la parte.

El efecto práctico es que el informe del detective ya no puede llevarse de sorpresa a la vista. Debe estar cerrado, firmado y aportado con margen. Una investigación que termina la víspera del juicio se arriesga a no ser admitida, por muy revelador que sea su contenido. Lo tratamos aplicado al despido en qué hace un detective privado en una investigación laboral.

Merece la pena señalar que la ratificación no solo decide la suerte de la prueba: también influye en la posibilidad de recuperar el coste de la investigación, ya que los tribunales suelen valorar precisamente que el informe se aportara al procedimiento y que su autor compareciera a ratificarlo.

El informe de detective en el proceso penal

Cuando los hechos investigados tienen relevancia penal —por ejemplo, un hurto interno o una apropiación indebida—, el informe puede aportarse también en este orden jurisdiccional. La Ley de Enjuiciamiento Criminal exige, conforme a sus artículos 656 y 659, que acusación y defensa propongan sus pruebas, con la lista de peritos y testigos, en el escrito de calificación provisional.

El detective puede ser propuesto como testigo para ratificar su informe y ser interrogado sobre los hechos que investigó. Dada la intensidad de los derechos en juego en este orden, la licitud de los medios empleados se examina con especial atención.

Recomendaciones para que el informe resista el juicio

• Aportarlo en el momento procesal adecuado, con la demanda o la contestación conforme al artículo 265.1.5.º LEC, y respetando el plazo del artículo 82.5 LRJS si el procedimiento es laboral.
• Prever la comparecencia del detective que realizó el seguimiento, evitando ratificaciones de segunda mano.
• Preparar la ratificación junto con el abogado, repasando el informe íntegro y anticipando las preguntas de la contraparte.
• Verificar la licitud de los medios desde el inicio, y no cuando el material ya está obtenido.
• Cuidar el rigor técnico: metadatos verificables, material gráfico auténtico y un relato cronológico y objetivo, sin valoraciones jurídicas, que corresponden en exclusiva al abogado. Cuando el soporte digital es determinante, conviene valorar el apoyo de un análisis de informática forense.

El informe de un detective privado no es una prueba de segunda categoría, pero tampoco es automática ni infalible. Su fuerza depende de que se elabore conforme a la ley, se incorpore al procedimiento en el momento adecuado y, cuando haga falta, se ratifique con solidez. La Ley de Enjuiciamiento Civil le reserva un régimen propio —documental en el soporte, testifical en el fondo, y con tres reglas especiales que juegan a su favor— que conviene conocer antes de encargar la investigación, no después.

Si necesitas que el resultado de una investigación privada se sostenga con garantías en un procedimiento judicial, en Culmas Detectives trabajamos habitualmente con despachos de abogados: elaboramos los informes pensando en esa fase final y acompañamos en la preparación de la ratificación.

Preguntas frecuentes

¿Qué artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil regula el informe de detective privado?
El artículo 265.1.5.º LEC permite aportar con la demanda o la contestación los informes de profesionales de la investigación privada legalmente habilitados. El artículo 380 LEC regula el interrogatorio de sus autores y las reglas especiales que se aplican.

¿Puede la parte contraria impugnar al detective por estar pagado por mi cliente?
No por ese motivo. El artículo 380 LEC establece expresamente que no procede la tacha del testigo por razón de interés en el asunto cuando el informe se haya elaborado por encargo de una de las partes. Es una de las reglas especiales que la ley reserva a esta prueba.

¿Siempre es necesario que el detective declare en el juicio?
No. Si la parte contraria reconoce como ciertos los hechos del informe, la ratificación puede no ser necesaria. Si los impugna, el detective debe comparecer, acreditar su habilitación, ratificarse en el contenido y someterse al interrogatorio de ambas partes.

¿Sobre qué puede preguntar la contraparte al detective?
Solo sobre los hechos consignados en su informe. El artículo 380 LEC limita expresamente el interrogatorio a ese contenido, lo que impide llevar al detective a cuestiones ajenas a la investigación que realizó.

¿Qué pasa si quien ratifica el informe no fue quien realizó la investigación?
Su testimonio puede considerarse de referencia, lo que debilita la prueba y puede plantear problemas de admisibilidad conforme al artículo 283 LEC. Por eso conviene que ratifique quien llevó a cabo el seguimiento.

¿Con cuánta antelación hay que aportar el informe en un juicio laboral?
El artículo 82.5 de la LRJS exige el traslado entre las partes o la aportación anticipada de la prueba documental y pericial antes del acto de juicio, en formato electrónico, con excepciones tasadas para lo que no pudo obtenerse a tiempo.

¿Puede impugnarse el informe de un detective privado?
Sí, pero por motivos concretos: falta de habilitación profesional, vulneración de derechos fundamentales en la obtención de la prueba, o irregularidades en el procedimiento probatorio. No por el mero hecho de que lo haya encargado una de las partes.